Cover photo: CC Asamblea de Vivienda de Villalba
Este artículo ha sido redactado por unos de sus protagonistas, la Asamblea de Vivienda de Villalba, colectivo auto-organizado de apoyo mutuo por la defensa del derecho a la vivienda en la provincia de Madrid. A lo largo del texto el colectivo vendrá referido como la Asamblea.
El acceso a la vivienda en España es muy complicado. Con precios por los cielos, sueldos estancados y una violencia por parte de los caseros y propietarios cada vez más grave: cortes de suministros, bandas de desokupación1, engaños y coacciones… Cientos de miles de personas, muchas de ellas con trabajo, se ven abocadas a vivir en la calle, tragar con condiciones miserables u okupar una vivienda. En pleno corazón de Collado Villalba, municipio situado en la sierra noroeste de Madrid, a cuarenta kilómetros de la capital, más de un centenar de personas sobreviven okupando sin agua en dos bloques de propiedad pública: La 1315. Sus habitantes son la diana del odio y la estigmatización contra el pobre, y llevan casi cinco años auto-organizándose y resistiendo ante las violencias del sistema.
Las familias de la 1315 están organizadas junto a la Asamblea de Vivienda de Villalba, un colectivo de vivienda con siete años de trayectoria. La Asamblea no es ni Servicios Sociales, una ONG ni una filial de un partido político. Somos un grupo de vecinas que han confirmado una comunidad de lucha, unidas de manera no-jerárquica bajo los principios fundamentales de la auto-organización y el apoyo mutuo para defender el derecho a la vivienda y enfrentarnos a las violencias del sistema. Nuestra actividad es muy diversa: asesorías colectivas, campañas comunicativas, acción directa… La toma de decisiones ocurre en asambleas ordinarias semanales (con una parte interna, y otra abierta), y en plenarios, asambleas temáticas y trimestrales donde se debate y consensúan posturas estratégicas de gran calado. Además, somos parte activa de espacios de coordinación con el movimiento de vivienda de la Comunidad de Madrid y con otras partes del estado, como el Plan Sareb, alianza de colectivos de vivienda para presionar colectivamente a SAREB. ¿Pero qué es SAREB, y por qué es tan importante para entender el conflicto de vivienda en España?
De aquellas burbujas, estas violencias
La construcción de La 1315 fue abandonada en 2008, cerca de completarse, como muchas de las viviendas construidas en los años del boom inmobiliario. En este tiempo, el Estado abandonó su rol de regulador y promotor del mercado de vivienda, liberalizando el suelo y ofreciendo crédito prácticamente de manera ilimitada. La vivienda experimentó una altísima revalorización, lo que empujó a que bancos, constructoras y familias de clase media por igual llegasen a levantar en este tiempo seis millones de viviendas, cantidad que supera toda la suma de las viviendas construidas en la UE en ese mismo período. Semejante nivel de compraventa inmobiliaria, revalorización y endeudamiento creó una burbuja que explotó en 2008 y que se sumó a la crisis económica mundial.
Una de éstas consecuencias fueron las cientos de miles de propiedades (terminadas y a medio construir), terrenos urbanizables y créditos que se quedaron en un limbo tras la quiebra de sus respectivos dueños. Esto es lo que se llama activos tóxicos. El Estado y la patronal inmobiliaria debían encontrar una manera de devolver esta ingente cantidad de propiedades y créditos al mercado, asi que en 2012 el gobierno funda la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Esta entidad recibió un préstamo de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea para comprar todos los activos tóxicos y devolverlos al mercado, es decir, revenderlos a terceros (mayoritariamente a rentistas y multipropietarios, aunque también a fondos de inversión y SOCIMIs (empresas inmobiliarias que disfrutan de privilegios fiscales)). Esta cantidad astronómica de dinero salió de las arcas públicas europeas, sino el propio Estado español el avalista del crédito. El 55% de SAREB estaba participado por banca privada, y el 45% por parte del Estado.
Durante diez años (2012-2022) la SAREB funcionó como un cártel de vivienda. Llegó a ser el mayor propietario del país, con cerca de 250.000 propiedades (construidas, en construcción, o por adjudicar). El modelo de negocio de SAREB ha sido el de comprar caro y vender barato, operando bajo los intereses de los agentes privados del mercado inmobiliario. No es de sorprender que a SAREB le preceda una fama de ser uno de los peores desahuciadores del país, pues recurre a multitud de trampas, juegos sucios y violencias para desalojar a familias de viviendas compradas con dinero público. A finales de 2022, la UE ejecutó el aval, forzando al Estado a convertirse en el socio mayoritario de SAREB (51%) y a asumir la deuda de casi 29.000 millones de euros como deuda pública. Desde entonces, el gobierno ha intentado darle un lavado de cara progresista pero no ha cesado en su actividad especuladora y violenta.
Mientras tanto, el precio de la vivienda en alquiler sigue subiendo. En Villalba el precio medio del m² es de unos 15 euros. Es decir, una casa de 70 m² para una familia (2 progenitores y un niño) costaría de media 1050 euros al mes. El salario mínimo interprofesional es de 1184 euros mensuales. ¿Quién puede pagar una vivienda, y a qué se debe renunciar para hacerlo?

Tenemos derecho a un hogar: o nos lo dan o lo cogemos
En medio de esta vorágine, en 2021, un grupo de personas con el apoyo de la Asamblea planearon la okupación de un bloque de 16 viviendas en la Calle Real, una de las principales arterias de Villalba. Después de meses de organización, accedieron al inmueble y se toparon con una inesperada sorpresa que cambiaría el rumbo del proyecto. El bloque en cuestión tenía acceso mediante un patio a otro bloque vacío con muchas más viviendas, 70 en concreto, que sumadas a las otras 16, daba un total de 86, convirtiéndose en una de las okupas más grandes de todo el Estado español.
Ante el desconcierto y el miedo a un posible desalojo si no se okupaban todas las casas, desde la asamblea del propio bloque se decidió ofrecer alojamiento a más gente cercana, tratando de evitar un efecto llamada caótico. Este primer grupo estaba formado por jóvenes punkis de la zona que su modo de vida es la okupación, gente más mayor y con más experiencia que militaba en la Asamblea y otros jóvenes del barrio. Al principio entró gente que participaba en las asambleas de gestión del bloque que procedían de contactos cercanos, pero también hubo gente que entró porque algunas compañeras que trabajaban en el mundo de lo social (centros de menores, albergues, etc.) les dijeron que podrían tener una casa en el bloque. Ese fue el primer problema: cada vez más personas no iban a las asambleas y no respetaban las normas de convivencia. Al principio la asamblea llevaba un control de los pisos que estaban okupados y si querías meter a alguien en tu casa tenía que pasar por asamblea, espacio soberano y de gestión. Finalmente sí se acabó produciendo el temido efecto llamada, pues estos chavales llamaron a más y más conocidos suyos saltándose totalmente las normas de la asamblea. Estas nuevas personas tampoco participaban en ella, y poco a poco ésta perdió más y más fuerza. Cuando quisieron darse cuenta, convivían juntos una nube de gente desconocida buscándose la vida de cualquier manera. Algunas de ellas sin papeles, sin trabajo, y otras que han sido tan castigadas y excluidas por este sistema capitalista y racista, que desde hace años no tienen otro modo de supervivencia que la delincuencia.
Con el paso del tiempo, aumentaron las tensiones y empeoró la convivencia. La gente politizada se quemó y el resto de gente normativa empezó a irse porque no lo veían como un lugar seguro. Además, el poder corrompió a varias personas, que asentaron dinámicas violentas y autoritarias ya sea motivadas o disfrazadas de intenciones de defender el bloque y que lo habitaran “personas que lo merecen”. De hecho, se echó a la Asamblea del bloque por ser un ente externo, negando su posibilidad de participación y mediación.
Al comienzo La 1315 sí contaba con un gran apoyo vecinal, o al menos con una tolerancia pasiva, y el barrio no les percibía como delincuentes sino como personas buscándose la vida. La asamblea del bloque desplegó campañas comunicativas explicando el perfil de las personas que vivían allí, muchas familias con peques, personas mayores, con discapacidad… pero con el tiempo y la degradación de la convivencia, muchas de estas personas se empezaron a marchar a la vez que entraron otras que generaban conflictos y no respetaban la convivencia. Es ahí donde La 1315 empezó a perder el respeto del barrio. Este es uno de los problemas con los que el movimiento de vivienda está muy familiarizado: la precariedad y sus efectos. Personas que no han estado nunca organizadas, que siempre se les ha excluido de la sociedad, no se les han dado oportunidades, que cargan con una mochila y una etiqueta a la espalda que las estigmatiza de la forma más cruel… es esperable que su única opción sea sobrevivir por su propia cuenta y evadirse de la realidad como pueden. Uno de los compañeros entrevistados, Fernando, nos cuenta que “no hubo un proyecto de asamblea fuerte para gestionar el espacio según las necesidades de las personas que lo habitan, no se pudo o no se supo orientar y sujetar bien el proyecto. En otros proyectos comunitarios en los que he vivido las cosas no funcionaban así, en La Manuela (2014-2015, Madrid), vivías donde la asamblea te decía, te ibas cambiando de casa según las necesidades de la asamblea, entrabas ya directamente con esa premisa.”

El día a día en La 1315 es complicado. Como hemos dicho, el perfil de sus habitantes es muy variopinto: familias trabajadoras que perdieron su hogar, gente de distintas nacionalidades en situación irregular, jóvenes, mayores, etc. El denominador común de todas las vecinas es la supervivencia, todas sobreviven como pueden en distintos grados de necesidad. Algunas trabajan, otras trapichean con droga, roban, etc. La ausencia de control colectivo y las dinámicas individualistas han permitido que La 1315 también se use por personas que tras delinquir se refugian allí, que van a consumir, o que duermen en los rellanos o garaje a falta de sitio mejor. Según otra compañera entrevistada, María, a grandes rasgos “hay dos tipos de personas: las que la lían y las que no. Hay gente de perfil bajo, o que trabajan y tienen sus hijos, les ves salir y entrar en sus horarios de trabajo, si necesitas cualquier cosa puedes ir a preguntarles. La convivencia es normal, como en cualquier edificio. Pero luego está el resto, generan problemas, se drogan, se emborrachan y se pelean, hay gritos, basura en las zonas comunes, etc. Al final mantienes una distancia con toda esa gente y no entablas conversación porque no sabes muy bien por dónde te van a venir. Muchas veces ha tenido que acudir la policía por estas situaciones. Entonces se produce una sensación de inseguridad que no te permite estar tranquila en tu propia casa. No sabes qué te vas a encontrar cuando sales por la mañana para ir al trabajo, o cuál es el nuevo problema que ha surgido mientras estabas fuera.” Todo se resume en una falta de confianza generalizada porque la mayoría de las personas van su rollo. Se han llegado a poner 45 cerraduras en el portal para que no pueda entrar la gente de fuera y siempre se acaban rompiendo. Incluso se han llegado a revender llaves del portal, y ni hablar de pisos. Al final esto tiene un efecto desmoralizante en las vecinas del bloque, sobre todo en las que siempre dan la cara: “Nos acabamos cansando de hacer cosas para que mejore la convivencia y, ¡qué casualidad que estas son siempre las mujeres! Somos nosotras las que limpiamos, reparamos, vamos a mediar cuando hay conflictos. ¿Dónde están los hombres que tanto se quejan? Estaría bien que también participaran más en estas tareas…” comenta María.
No ayuda que el estado de las casas sea bastante penoso. Es una construcción sin acabar, de muy mala calidad y abandonada desde 2008; apartamentos de baño y una estancia, tipo estudio de 28-29 m², sin agua y con luz instalada y enganchada. No tiene concedida la cédula de habitabilidad, que es una certificación de que ese edificio puede ser habitado legalmente. Hay algunas en las que las vecinas se han podido organizar entre ellas para comprar bombas de agua que van al garaje, inundado por un fallo en la construcción del edificio, y tienen agua no potable en casa; la mayoría no y tienen que ir a la fuente a rellenar garrafas. También hay otros pisos donde faltaba mobiliario común, como grifos, suelos, puertas, cañerías atascadas… “ahora, dentro de todo esto, si has querido invertir en la casa, las casas están bien, son pequeñas pero normales”, refiere María.
Su odio, nuestra miseria
Sobre las vecinas de La 1315 ha caído una durísima campaña de estigmatización y aporofobia desde los inicios y que continúa hasta nuestros días. Esta campaña ha sido orquestada desde el Ayuntamiento (en manos del Partido Popular, de línea conservadora con retórica cada vez más fascista) y medios de comunicación afines, con la permisividad completa de SAREB (y por tanto del gobierno central, llamados “progresistas”). La política del Ayuntamiento se ha basado en la criminalización de más de cien personas hasta convertirlas en la caricatura del monstruoso y violento okupa, merecedor de lo que le ocurra y cabeza de turco de infinidad de problemas, tomando por bandera la lucha contra la okupación y usándola como pantalla de humo de su nefasta gestión del municipio. Ejemplo de esto fue la apertura de la primera Oficina Antiocupación de toda España, a escasos metros del bloque.
La alcaldesa presentó la Oficina como un servicio de asesoramiento jurídico a afectados por la okupación. No ofrece datos que justifiquen su apertura ni lo acompaña de medidas que solucionen el problema de vivienda. La adjudicación, por valor de 15.000€ se hace a través de un contrato menor para garantizar la opacidad de la Oficina, gestionada por Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO). No obstante, la Asamblea destapó que el adjudicatario real del contrato era Salvador Palazón Marquina, propietario de la banda de desokupación Desokupa Exprés SL imputada por desalojos extrajudiciales con violencia extrema. Es decir, que el Ayuntamiento mentía sobre la Oficina y que mediante ésta estaba financiando la actividad de estos matones, a la vez que obtenía rédito político en su lucha contra la okupación erigiéndose como firmes defensores de la propiedad privada a toda costa. La meditada pero ambiciosa campaña #DesocupaLaOficina de la Asamblea consiguió su objetivo de obligar al Ayuntamiento a rescindir el contrato y cerrar la Oficina, lo cual fue un éxito por todo lo alto.
Pero la campaña de estigmatización no acabó ahí: “[La alcaldesa] ha llegado a mandar a televisiones a “hacer un reportaje” sobre la delincuencia de la 1315 y seguir así aumentando la alarma social. Señora, en la Calle Real siempre ha habido delincuencia y en la plaza de la estación (a 20 metros del bloque) drogas, esto no es algo nuevo. Lo que está haciendo es desviar el foco de atención de su nefasta gestión: carreteras sin reparar, trabajadores sin cobrar, les han llegado a pillar con la luz pinchada en las farolas de una de las principales calles comerciales del municipio. Pero el problema son los “okupas”. Luego también van a molestar cerrando fuentes y mandando a la policía local (que depende del ayuntamiento) para que aumente la tensión y los mirones en el barrio”. “Hay también un odio visceral hacia el pobre, al que se salta la norma, al que se rebela… Si las vecinas de la 1315 no hacen ruido, les convierten en pobres invisibles, que algún día se irán sin haber molestado, sin haber hecho ruido para denunciar todo el acoso que sufren. A una antigua vecina fue la primera que le dieron la reubicación porque ha sido la única que ha molestado, la han echado los plenos del ayuntamiento por gritar a Mariola (la alcaldesa)… y esto lo consiguió haciendo ruido.” Nos cuenta Fernando. “El ayuntamiento nos criminaliza y nos estigmatiza. ¡Claro que hay delincuencia en la 1315! Pero no somos todas las vecinas, el resto somos gente humilde que necesita un techo para vivir sin hacer daño a nadie. ¿Por qué no vienes tú [la alcaldesa] y lo ves con tus propios ojos? Ellos hacen rédito de todo lo que nos pasa a las vecinas del bloque”, comparte María.
Por el otro bando, SAREB sigue manteniendo a día de hoy causas abiertas a personas y familias con las está sentada negociando un alquiler social (alquileres que son más “asequibles” para personas en situación de vulnerabilidad, aunque esta entidad los tramite siempre de forma fraudulenta). Mantienen, incluso, los lanzamientos llamando al último momento al juzgado para paralizarlos, con todo el dispositivo policial montado. Al margen de todo el daño psicológico que hacen a mujeres, hombres, ancianos y niños, utilizan una cantidad de recursos públicos para extorsionar a la gente con un alquiler social con la amenaza de que si no lo firmas les van a echar a la calle.

Crónica de un incendio anunciado
A primera hora de la mañana del 28 de diciembre de 2022, se produjo un incendio intencionado en varios focos. Fueron las vecinas quienes dieron la voz de alarma por el humo y las llamas. La pronta y profesional intervención de los bomberos, a quien volvemos a agradecer su actuación, evitó que lamentásemos muertes. Varias vecinas fueron hospitalizadas: la mayoría por inhalación de humo y por quemaduras, otra se rompió la mano en dos bajando a sus niños por las escaleras para sacarles de su vivienda en llamas. El bloque pequeño, de 16 viviendas, fue el más afectado. Los bomberos cerraron el acceso por la presencia de tóxicos, confirmando que estructuralmente el edificio no se había visto afectado y que sólo se requería de una limpieza en profundidad para que las vecinas pudieran volver a sus casas.
Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba movilizamos las redes de apoyo vecinales para acoger y sostener las necesidades psicológicas y materiales a todas las personas afectadas. El Ayuntamiento escurrió el bulto, y no movilizó absolutamente ninguno de sus recursos. Servicios Sociales estuvo totalmente ausente en la asistencia a todas las personas afectadas y la SAREB utilizó el incendio para desahuciar ilegalmente a las 16 familias que vivían en el bloque más afectado, dejando a las vecinas sin hogar y sin sus enseres, ya que no dieron casi tiempo para recuperar las cosas. Todo esto con la “colaboración” de la Guardia Civil, un cuerpo militar pero de actuación policía. Para añadir aún más dificultad el 4 de enero el Ayuntamiento cortó las fuentes públicas con la excusa de las heladas (la más cercana ya la había cerrado hace años, sin querer nunca explicar por qué). Las vecinas de la 1315, que no tienen agua corriente, dependen de las fuentes públicas para coger el agua con la que beber, cocinar, limpiar y asearse. Esto el Ayuntamiento lo sabe, y el corte de las fuentes públicas una semana después del incendio supuso todavía una agresión más a estas vecinas, y a todo el pueblo en general, pues las fuentes públicas cumplen múltiples servicios. Al día siguiente, 5 de enero, la Asamblea organizó “El Garrafón”, una recogida de agua con el doble objetivo de recoger agua para las vecinas y presionar para reabrir las fuentes. En efecto, unos días después las reabrieron.
La compañera Elena nos relata su propia vivencia sobre cómo vivieron esta tragedia inaudita: “A las 07:00am me llaman a la puerta, estaba lleno de humo y me dicen que nos tenemos que ir porque el edificio está en llamas. Fui a llamar a las otras puertas y nadie contestó. Entonces nos tuvimos que ir. El miedo principal que teníamos era que el fuego del bloque pequeño pasara al nuestro y que no pudiéramos salir porque nuestra entrada está tapiada. Una vez fuera vimos que estaba todo el mundo en la panadería que hay al lado y los bomberos intentando entrar para rescatar a personas que aún seguían dentro. Una familia se había quedado encerrada en su casa y su puerta estaba empezando a arder, otros chavales intentaron huir a la azotea y se quedaron allí, y otra familia con dos hijos no podían salir al no poder accionar el pomo de la puerta de lo caliente que estaba. Los bomberos intentaron apagar el fuego de la puerta, pero no pudieron. Entonces tuvieron que llevar la escalera para sacar a los niños por la ventana. Fue un momento de tensión ya que estaba el fuego entrando la casa. Tengo la imagen del Yussef ahí colgado con su hijo mirando hacia abajo. Su expresión de pánico decía “no me puedo meter otra vez, ni soltarlo porque estaba muy alto y no sé si va a llegar la grúa antes de que entre el fuego en la casa” hasta que, por fin, llegó la grúa y los bomberos pudieron rescatarles. Otro vecino se quemó las dos manos al agarrarse a la barandilla de la escalera huyendo, cuando no se veía nada en el interior del edificio. A pesar de lo traumático del momento, sentí la solidaridad por parte de las vecinas del barrio, llevándonos mantas, agua, comida etc, como por los propios vecinos del bloque. Tardamos dos días en reubicar a las 20 personas en nuestras casas del otro bloque que no se había quemado. Me acuerdo de ese momento que lo empezamos a organizar, estaban todas las cosas de las vecinas en medio del patio y nosotros en círculo viendo dónde iba cada quién. A fin de cuentas, queda una vez más demostrado que son las propias vecinas las que están ahí cuando ocurren los problemas. Como era de esperar, el Ayuntamiento no ofreció nada, ni la SAREB. Si no fuese por las vecinas esas personas estarían en la calle.”
Para muchas personas, el mensaje que transmitió el Ayuntamiento con su actuación ante esta tragedia fue que hay ciudadanas de primera y de segunda. El día del incendio y ante los medios de comunicación, una vecina opinó que “si hubiera sido en el bloque de enfrente, [la alcaldesa] ya estaría haciéndose fotos con las señoras del vecindario”. En otras palabras, que hay personas “quemables y desechables”, “porque aquí no pasa nada”, “la estigmatización es lo que consigue: que nos quemen vivos”.
“Una vez apagado,” continúa Elena, “los bomberos dejaron sacar a las vecinas las cuatro cosas básicas. El segundo día vino la Guardia civil diciendo que teníamos 15 minutos por casa para sacar cosas y que luego tendríamos más tiempo para sacarlas. Ahí me lo llegué a creer y todo, vinieron de forma educada contándonos que luego tendríamos más tiempo, pero fue mentira. Una vez estaba todo el mundo fuera, vino la SAREB y tapiaron el edificio. Ha sido la única vez que me he derrumbado por algo relacionado con el bloque. Fue mirar a la Guardia Civil y decirles que nos habían mentido. ¡Estáis tapiando con nuestras cosas dentro! Fue inhumano, había gente que solo pudo sacar su silla de ruedas y cuatro cosas más. Hubo gente que no pudo sacar sus cosas porque estaban ingresados por intoxicaciones de humo. No lo entiendo, la propiedad vino con un perito para valorar el estado del edificio y, a día de hoy, eso sigue cerrado, no han limpiado y todas nuestras cosas están ahí dentro. Y para colmo, a los días vuelve a venir la Guardia Civil con la SAREB para instalar alarmas. Primero nos queman vivas y luego nos desahucian ilegalmente. Aquí vemos toda la represión del estado, las instituciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.”
“Después de esto volvieron las asambleas, la gente volvía a tener miedo y vieron la necesidad de organizarse. Se recogieron de los pasillos cosas que pudieran ser incendiables, se hicieron unas brigadas de limpieza, se consiguieron extintores, etc. pero con el paso del tiempo el miedo se fue disipando y otra vez volvió a reinar el caos.”

El retorno de la esperanza
A pesar de todo lo que relatan las vecinas sobre cómo es la convivencia y el estigma social que cargan a sus espaldas, hay un atisbo de luz que les ha devuelto algo de esperanza: la organización. Comparten que, últimamente, las cosas son distintas. Desde enero de 2025, cuando la Asamblea reimpulsó las reuniones y consiguió sentar a SAREB a negociar colectivamente los alquileres sociales de las vecinas, las dinámicas colectivas de responsabilidad y cuidado van ganando terreno a las destructivas. Las asambleas del bloque son semanales, con cada vez más participación. Las vecinas se están empoderando, se apoyan mutuamente a conseguir los papeles necesarios para la burocracia que esto acarrea, se ayudan entre ellas para que todo el mundo que no entiende castellano sepa que es lo que tiene que hacer. Se han organizado para recoger la basura, limpiar los garajes, pintar los pasillos y mantenerlos limpios. El miedo no ha abandonado a las vecinas, y los bulos corren rápido fruto de muchas inseguridades; pero la puesta en común de esto ha sido una herramienta de unión y empoderamiento.
María comparte esta reflexión sobre todo este proceso: “Y si tengo que dejar mi casa para venir a Madrid a dar por saco, voy a Madrid a dar por saco. Porque yo sigo siendo de La 1315, porque a mí La 1315 no es el edificio, son mis vecinos. Porque La 1315 no son solo cuatro paredes, son la gente que me llevo, gente que no se merece estar en esa situación, que se merece que alguien la ayude y que se merece que alguien luche por ella, ya que muchos de ellos no pueden. Entonces yo no voy a dejar de luchar por mi parte.” Elena reafirma la esperanza: “Lo que ha cambiado es que la gente que estábamos quemadas hemos vuelto a recuperar la esperanza. Estamos volviendo a hacer asambleas y la gente viene. Antes no teníamos fuerzas ni para proponerlas. Nos ha devuelto la esperanza y, creo que nos pasa a varias personas, la Asamblea es el motivo por el cual no nos hemos ido. Nos ayuda que vengáis gente de fuera porque no vivís todas las movidas internas y así no os quemáis tanto. Esto hace que queramos seguir luchando y no abandonar, es un soporte. Lo veo como una segunda etapa en el que podamos hacer las cosas mejor, o al menos intentarlo. Si tuviese que calificar cómo ha cambiado el ambiente y la convivencia en La 1315 desde que la Asamblea empezó a organizar el bloque sería esperanzador.”
Como proclama el movimiento de vivienda:“La SAREB es nuestra, sus casas también.”
1 Empresas que, en el borde de la legalidad, son contratadas por propietarios para que con sus matones desalojen a alguien de una vivienda de manera extrajudicial, normalmente con métodos violentos y coacción. Estas empresas suelen tener un estrecho vínculo con la ultraderecha.